¿Pueden conocer los padres las notas de sus hijos mayores de edad?

Dado que seguimos en septiembre, mes de la vuelta al cole, continuamos con post de temática escolar. En este caso desarrollamos el mismo a raíz de la consulta de un cliente, en la que nos preguntaba si los padres de los alumnos de un centro privado, como pagadores del máster que estaban llevando a cabo los hijos, podían tener acceso a las calificaciones de los mismos.

Las calificaciones escolares, en tanto en cuanto que pueden ofrecer un perfil del mismo, son consideradas datos personales. Para que un tercero pueda acceder a esos datos (padres, tutores u otra persona relacionada), tienen que confluir varias situaciones:

  • En el caso de menores de 14 años, en virtud del ejercicio de la patria potestad que sobre el menor se ejerce, los padres pueden acceder a las calificaciones del alumno, teniendo en cuenta que en la declaración del tratamiento correspondiente ante la Agencia de Protección de Datos, tiene que estar prevista esta cesión.
  • Si son menores de edad, pero mayores de 16 años, el Código Civil en su artículo 162, apdo 1 exceptúa de la representación legal del titular de la patria potestad a “los actos referidos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo”. Por tanto, podrían negarse a que los padres conocieran las notas, en virtud del ejercicio de auto determinación que prevé el texto que comentamos.
  • Si son mayores de edad, cabe referirse a lo previsto en la LOPD en el artículo 11 que dice literalmente:

“Artículo 11. Comunicación de datos.
1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”

No cabe en este caso excepción ninguna por la que se pueda comunicar las notas a los padres de los alumnos, en tanto que no se da ninguna de las excepciones que prevé el mismo artículo 11 en su apartado 2:

“2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
a.Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b.Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c.Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
d.Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e.Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
f.Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”

Por tanto, tal como hemos visto, el argumento del pago del máster no puede servir para acceder a los datos de calificaciones y rendimiento escolar de los alumnos, si no existe el consentimiento previo por parte del mismo.

Créditos de la imagen 

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